Torres-Dulce, partidario de "reprimir" los abusos de los derechos de manifestación y expresión
El fiscal general del Estado cree que los excesos suponen "un quebranto a la convivencia democrática"
El fiscal general del Estado defendió este miércoles el derecho de manifestación, pero acto seguido se mostró partidario de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho".
A raiz de la polémica suscitada por la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de "modular" el derecho de manifestación, Eduardo Torres-Dulce ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular, aunque sólo "administrativamente", el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.
En los desayunos informativos de Europa Press, ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un "frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática".
El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad de expresión.
Sin embargo, ha advertido de las "imposibles consecuencias" de utilizar del descontento social como forma de "deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.".
Según ha recalcado, el Ministerio Público es garante de la estructura constitucional pero también de los derechos individuales, entre los que se encuentra el de la libertad de expresión. "He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian", ha añadido.
Es decir, a su juicio, el "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho". "El equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad", ha añadido.
Al ser preguntado sobre la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el derecho de manifestación, Torres-Dulce ha respondido que "si es necesario" habría que regularlo administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución. "Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad", ha añadido.
En este contexto, ha dicho comprender que los ciudadanos de Madrid puedan verse afectados las continuas manifestaciones. Eso sí, ha indicado que "restringir excesivamente" complica la convivencia democrática.
Respecto a la actuación policial en las marchas del 25-S y las concentraciones posteriores, el fiscal general del Estado ha defendido la labor de la Policía, que está sujeta a la legalidad y que a veces trabaja en condiciones "difíciles", aunque ha recordado que los ciudadanos pueden denunciar cualquier exceso de los límites de la legalidad que se haya cometido ante los tribunales.
En cuanto a la posición de la Fiscalía, Torres-Dulce ha recordado las diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado y, respecto a los participantes, ha afirmando que "no todo el mundopudiera haber incurrido" en este tipo de delito puesto que los atestados policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la autoridad o resistencia.
"Hay ciudadanos que evidenciaron que iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado", ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.
Ignacio González avala a Cifuentes y cree razonable 'modular' las manifestaciones
El presidente madrileño cree que la capital no puede estar "permanentemente colapsada"
Si el Partit Popular no és un partit neo-franquista, o fins a cert punt feixista, no se que és això.. La situació actual és semblant a una dictadura, perquè només els qui estan d'acord amb el poder estan a gust, a sobre aquests poden menys preuar, i reprimir els qui estan en contra..
Però el problema principal és la passivitat de les majories, perquè aquesta passivitat és equivalent a il·legalitat..
Que vull dir: En un dictadura la majoria esta il·legalitzada perquè no té ressorts per actuar pels seus drets, polítics, econòmics, socials, etc.. davant del poder autoritari, i tirànic. Actualment la majoria ha perdut la capacitat d'usar els ressorts davant el poder autoritari, i tirànic. Si la gent s'auto-margina de l'actuació política, i social, és comparable a que aquests drets no existeixin. Perquè si sols és una minoria la que es rebel·la, aleshores aquesta minoria només esta fent un favor al poder. Car el poder usa la minoria per terroritzar tothom, reprimir, fer lleis contra la democràcia, i seguir aplicant les polítiques anti-socials. O sigui, que més val no perdre el temps, i organitzar-se d'una vegada per totes, per usar els ressort que puguin fer mal el poder despòtic. I aquests ressorts són l'exercici de la democràcia des de que se surt per la porta de casa cada dia. I sobretot, que ningú pari de denunciar tots els qui s'aprofiten per anar colant feixisme a la nostra societat. Començant pels ajuntaments, i els seus funcionaris..
Hem de tenir en compte que a l'estat espanyol continuen de peus molts paràmetres de la dictadura, i, hi ha molta gent que treballa ideològicament sota aquest paràmetres.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada